Investigadores del GIEI afirman haber sido espiados con Pegasus
Masterhacks – Llegó a México un equipo de investigadores internacionales para investigar sobre el supuesto caso de espionaje contra activistas y periodistas, por medio de un arma cibernética que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.
Los investigadores calificaron el espionaje como una campaña de acoso e interferencia, que según ellos, obstaculizó las indagatorias sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Existe evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo de investigadores también fueron blanco del programa de espionaje.
Según New York Times, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes con un enlace que escondía un programa espía denominado Pegasus, arma cibernética que México adquirió por varios millones de dólares.
Dicho teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo, se utilizó por la mayoría de los integrantes del GIEI al servir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.
Por otro lado, miembros del GIEI que investigaban sobre el caso de los estudiantes desaparecidos, afirman haber recibido mensajes SMS similares en sus propios teléfonos, para persuadirlos a ingresar al enlace que convierte al celular en un dispositivo de espionaje capaz de monitorear llamadas, correos, mensajes, calendarios, contactos, cámara y micrófono.
La nueva evidencia ha comprobado que la campaña de espionaje rompió barreras, pues al tener como blancos a los miembros del GIEI, se afectó a oficiales internacionales que tenían suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso paradigmático de la situación de los derechos humanos en México.
Las leyes de México afirman que la vigilancia sólo se puede realizar con el aval de un juez federal, y únicamente cuando el gobierno tenga causales justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que no es probable que algún juez federal haya firmado una orden para el espionaje, según los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, afirmó Francisco Cox, abogado chileno e integrante del grupo. «No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto».
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, agregó el abogado.
Se ha estimado que desde 2011, México ha gastado al menos 80 millones de dólares en el programa espía, que se comercializa de forma exclusiva a gobiernos y con la condición de ser utilizado contra delincuentes. Sin embargo, según una investigación del diario The New York Times, afirma que el software se utilizó contra académicos, abogados, periodistas y familiares.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, dijo Cox.
Por su parte, el gobierno ha negado ser responsable del espionaje, y afirma que no existen huellas que dejen saber de forma exacta quién intervino un teléfono con Pegasus. Pero el gobierno prometió que se realizará una investigación a fondo. La Procuraduría General de la República explicó que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas para la investigación.
Pero según Roberta Jacobson, embajadora estadounidense en México, afirmó que dicho apoyo no se ha solicitado oficialmente y que no están involucrados en la investigación.
“A primera vista, el caso –suponiendo la veracidad de estas afirmaciones– es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional”, dijo James Cavallaro, comisionado de la CIDH.
“La comisión comparte las preocupaciones de otros: ¿cómo se puede confiar en que el gobierno investigue su presunta violación de los derechos de sus ciudadanos dados los antecedentes que tiene en este caso?”, agregó.
Por otro lado, Esmeralda Arosemena de Troitiño, otra comisionada, respaldó el llamado a una indagatoria independiente y afirmó que las acusaciones son «extremadamente preocupantes». “Está investigación debe establecer las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”, dijo.
El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, comentó que su agrupación solicitará de manera formal que se establezca un comité legislativo para realizar su propia indagatoria.
“La gran tragedia de México es la impunidad. Suceden cosas horribles y no pasa nada”, afirmó. «Esta vez no vamos a dejar que sea así».
Por su parte, el fabricante del software espía Pegasus, NSO Group, afirma que no puede determinar quién es el responsable de intentos específicos de hackeo. Pero afirma que sólo le vende el programa a gobiernos y que la tecnología se utilice afuera de las agencias gubernamentales que la adquieren.
Se debe tener en cuenta que una vez que se infecta un celular con Pegasus, los analistas informáticos pueden identificar los rastros del código de NSO Group en el dispositivo mediante un análisis en los mensajes de texto, para revisar si el enlace tenía vínculos a algún servidor con tecnología de NSO.
“Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”, explicó John Scott-Railton, investigador senior de Citizen Lab.
“Estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México. Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
Según el análisis, los SMS llegaron al teléfono del secretario ejecutivo del GIEI, el vínculo para todos los involucrados el 1 de marzo y el 4 de marzo de 2016. Aproximadamente en esos momentos, otras personas que investigaban el caso fueron víctimas del software, entre ellos abogados del Centro Prodh, grupo de defensa de los derechos humanos que representa a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
“El gobierno mexicano urgió a la comisión a que creara este grupo de expertos y cuando su investigación no ratificó la versión oficial, las cosas cambiaron”, afirmó Cavallaro, mismo que era presidente de la CIDH cuando se realizaron los intentos de hackeo.
Los investigadores enviaron una carta privada al secretario ejecutivo de la CIDH los últimos días de junio, en esta, detallaron sus sospechas luego de otro artículo de The New York Times acerca de los intentos de vigilancia a los periodistas y defensores de derechos.
Afirmaron que otros teléfonos también recibieron mensajes, uno de ellos, fue enviado en marzo y era de alguien que pretendía ser un amigo cercano cuyo padre había muerto, en el mensaje había un enlace con los detalles del presunto funeral. Al dar clic al enlace, se abrió un sitio web de una casa funeraria mexicana.
“Siempre trabajamos de buena fe, y entramos con el corazón y los ojos abiertos”, dijo el abogado chileno, Cox. «Nuestro propósito era contribuir al Estado de derecho en México».
