El hacker Andrés Sepúlveda es un peligro para la sociedad y hay riesgo de fuga. Con ese argumento, la Fiscalía logró que un juez de Bogotá le expidiera a las diez de la noche de este lunes una nueva orden de captura en su contra.
La audiencia se inició menos de cuatro horas después de que la juez décima de control de garantías le concediera la libertad a Sepúlveda y en ella la Fiscalía destapó 36 evidencias que enredan al hacker.
En la diligencia, que tardó tres horas, la Fiscalía dijo que Sepúlveda podía eludir la acción de las autoridades y que su libertad era un peligro para la sociedad, para la seguridad nacional y para él mismo.
Miembros del CTI de la Fiscalía recapturaron este martes aSepúlveda, quien está procesado por espionaje y es señalado de espiar a los negociadores en La Habana (Cuba).
Jorge Perdomo, vicefiscal General de la Nación, confirmó que un juez decidió recapturar a Sepúlveda para imputación de cargos y, dijo, que pedirán de nuevo cárcel para el ‘hacker’. «Estamos ante hechos muy graves que no solo afectan la seguridad nacional, sino que afectan algunas agencias inteligencia del Estado y el mismo trabajo de la Fiscalía General», dijo el alto funcionario.
Perdomo agregó: «Es una investigación muy bien soportada. Quiero dejar en claro que este proceso está más vivo que nunca. Haremos las investigaciones sobre los que pretendan sabotear este proceso. Tenemos videos de la compra y venta de información de las Fuerzas Armadas y de Policía».
Por su parte, la juez décima de control de garantías decidió avalar la legalidad de la captura de Andrés Fernando Sepúlveda que se realizó en las primeras horas de la mañana de este martes.
En una breve intervención, la funcionaria judicial explicó que la intervención del Ministerio Público no es obligatoria ni necesaria en el proceso que se realizó. Además, aseguró que el allanamiento y la captura que se hicieron a Sepúlveda en su apartamento al norte de Bogotá no se hicieron entre las 6pm y las 6am, sino unos minutos después; por lo tanto, «el procedimiento es absolutamente válido».
Luego de aclarar que al recapturado ‘hacker’ no se le violó ninguna clase de derechos, la jueza aseveró: «los dos procedimientos -el allanamiento y la detención- que han afectado la libertad de Andrés Sepúlveda tienen visos de legalidad».
Ayer lunes, la jueza 10 penal Teresita Barrera Madero dejó en libertad a Sepúlveda porque, en su criterio, hubo irregularidades en la imputación de cargos al ‘hacker’. La captura del ‘hacker’ fue el 5 de mayo, tras un allanamiento a su oficina y su apartamento. (Lea también: Los archivos del ‘hacker’ Sepúlveda, acusado de espiar el proceso de paz)
Por eso, el fiscal General, Eduardo Montealegre, ordenó investigar penalmente a la juez Teresita Barrera Madero, quien había dejado en libertad a Sepúlveda argumentando que hubo irregularidades en la imputación de cargos contra el ‘hacker’ hecha anteriormente por otra juez penal el pasado 7 de mayo. Ese día, a Sepúlveda se le imputaron los cargos de acceso abusivo a sistema informático, uso software malicioso, violación datos personales y espionaje.
Estas son algunas de las evidencias que dice tener la fiscalía contra Sepúlveda:
-Videos de Andrés Sepúlveda en los que se evidencia la transmisión de información confidencial de Inteligencia a otras personas. Esas grabaciones fueron verificadas por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmándose su autenticidad y la identificación morfológica de quienes allí aparecen.
-Videos que revelan la compra y venta de información de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Policía.
-Bases de datos y testimonios que dan cuenta del seguimiento, sabotaje e interceptación de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba.
-Treinta y tres equipos de cómputo incautados en los allanamientos y en cuyas memorias se encontraron bases de datos con información reservada perteneciente a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL), a otras agencias de Inteligencia del Ejército, así como también de la Fiscalía General de la Nación.
-Bases de datos reservadas del Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA) en las cuales figura información personal y del núcleo familiar de desmovilizados de la guerrilla.
-Testimonios recepcionados en el proceso a diferentes personas que confirman la compra y venta de información de Inteligencia, la interceptación ilegal de correos electrónicos de ciudadanos, y otras actividades ilegales.
-Un dispositivo electrónico de origen israelí que permite interceptar ilegalmente comunicaciones.
Fuente: eltiempo
