Masterhacks – El espionaje en México ya es un «mecanismo efectivo de intimidación» contra activistas y periodistas, afirmó la organización civil México Evalúa.
Un documento respaldado por más de 100 organizaciones como IPANDETEC de Panamá, GESOC de Colombia, Datos Concepción de Argentina, TEDIC de Paraguay, entre otras, afirma que el espionaje «constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder».
Debido a esto, se exigió la sanción a los responsables de dichos actos, así como rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano acerca del uso de spyware para cometer actos de espionaje, apertura de investigaciones pendientes, exhaustivas y transparentes.
Además, dicha ONG pidió las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos, y garantizar la rendición de cuentas.
La organización se refirió en el documento como Gobierno Espía, y se emitió como la vigilancia sistemática en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, realizado por Citizen Lab y por las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, posteriormente, se recogió en el reportaje publicado este lunes por el diario The New York Times.
El documento incluye una lista de periodistas, activistas y defensores que han sido víctimas de «vigilancia sistemática» por parte del gobierno de México, entre ellos se menciona a la periodista Carmen Aristegui y su hijo Emiliano, además de otros 12 periodistas y defensores de derechos humanos.
También se encuentran entre las personas espiadas a Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la Organización de Derechos Humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, del portal Aristegui Noticias.
También se tiene a Carlos Loret de Mola, Juan Pardiñas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad. Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, de la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Según el informe, existen «sólidas evidencias» acerca de que el software utilizado para el espionaje es comercializado a gobiernos, y existen las pruebas que demuestran que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional cuentan con dichas herramientas.
También se demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Citizen Lab y otras organizaciones explican que el principal método de infección consisten en el envío de SMS con enlaces que al acceder a ellos, se provoca la instalación inadvertida de software malicioso, denominado como «Pegasus».
“En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos (76 mensajes en esta nueva investigación y 12 en la investigación pasada sobre los activistas por el derecho a la salud, el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo de la organización el Poder del Consumidor y Luis Encarnación de la coalición ContraPESO) para espiar a periodistas y defensores de derecho humanos vinculados a la infraestructura de Pegasus”, dice el documento.
Se destaca que cada licencia de infección cuesta cerca de 77 mil dólares, alrededor de 1.4 millones de pesos mexicanos.
Ante esto, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la república, Eduardo Sánchez H, afirmó en Twitter que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, y afirmó que quieren pudieran ser víctimas, tendrán que presentar una denuncia ante la PGR.
“esta respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la Sedena cuentan con estas herramientas de espionaje.
“Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dijo México Evalúa.
