Un tribunal del estado de California, EE.UU., ha ordenado a Google pagar 314 millones de dólares por haber utilizado de forma indebida los datos móviles de los usuarios de dispositivos Android, incluso cuando estos se encontraban en reposo, para enviar información de manera pasiva a la compañía.
El fallo pone fin a una demanda colectiva que fue presentada por primera vez en agosto de 2019.
Según los demandantes, el sistema operativo Android de Google usaba el plan de datos móviles de los usuarios para transmitir diversa información a Google, sin su conocimiento ni autorización, incluso cuando los dispositivos estaban inactivos.
«Aunque Google podría haber diseñado estos envíos para que se realicen únicamente cuando los teléfonos están conectados a una red Wi-Fi, en cambio optó por permitir que también ocurran mediante redes móviles», afirmaron.
«El uso no autorizado de los datos móviles por parte de Google infringe la legislación de California y obliga a la compañía a compensar a los demandantes por el valor de los datos consumidos en beneficio propio y sin su aprobación.»
Los denunciantes sostuvieron que estas transmisiones sucedían incluso cuando las apps de Google no estaban abiertas, sino funcionando en segundo plano, y los dispositivos permanecían inactivos, consumiendo así datos móviles sin que el usuario lo supiera.
En una de las pruebas citadas, se detectó que un teléfono Samsung Galaxy S7, con configuración predeterminada y aplicaciones preinstaladas, vinculado a una cuenta nueva de Google, enviaba y recibía diariamente 8.88 MB de datos móviles, de los cuales un 94% eran comunicaciones entre el dispositivo y Google.
Durante un periodo de 24 horas, se registraron alrededor de 389 transmisiones de datos, las cuales contenían principalmente archivos de registro con métricas del sistema operativo, estado de la red y lista de aplicaciones abiertas.
«Los archivos de registro no suelen requerir transmisión inmediata, y podrían ser enviados más tarde cuando haya conexión Wi-Fi disponible», se lee en los documentos judiciales.
«Google también podría permitir que los usuarios configuren Android para que esas transferencias pasivas solo ocurran con Wi-Fi, pero aparentemente ha decidido no hacerlo. En su lugar, Google ha preferido aprovecharse del plan de datos móviles de los demandantes.»
Pero eso no fue todo. En la demanda también se mencionó un experimento de 2018 que mostró que un dispositivo Android que permanecía aparentemente inactivo y sin moverse, pero con el navegador Chrome abierto en segundo plano, generaba alrededor de 900 transmisiones pasivas en 24 horas.
En contraste, un iPhone que se mantenía inmóvil con Safari abierto en segundo plano enviaba «significativamente menos información», destacando que el sistema operativo de Apple otorga mayor control al usuario sobre la transmisión de datos en segundo plano.
Tras el juicio iniciado el 2 de junio de 2025, el jurado falló a favor de los demandantes, concluyendo que la empresa tecnológica era responsable de realizar estas transmisiones de datos pasivas, imponiendo a los usuarios lo que calificaron como «cargas obligatorias e inevitables […] en beneficio y conveniencia de Google.»
En declaraciones a Reuters, Google anunció que apelará la decisión, argumentando que estas transmisiones están relacionadas con «servicios esenciales para la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de los dispositivos Android.» La compañía también señaló que estos envíos están detallados en sus términos de uso y que cuenta con el consentimiento del usuario.
El veredicto del jurado llega casi dos meses después de que Google aceptara pagar cerca de 1.400 millones de dólares para resolver dos demandas en el estado de Texas, donde se le acusaba de rastrear la ubicación de los usuarios y almacenar datos de reconocimiento facial sin consentimiento.
Esta decisión también coincide con una apelación de Meta frente al fallo de la Comisión Europea en abril de 2025, que determinó que su modelo de «pagar o dar consentimiento» violaba la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la región, y le impuso una multa de 200 millones de euros (227 millones de dólares).
«La decisión exige que Meta ofrezca un servicio con anuncios menos personalizados de manera gratuita, sin considerar el coste, el impacto o la eficacia, imponiendo así un modelo de negocio posiblemente insostenible», afirmó la empresa.
«Esta medida ignora la realidad comercial de que, en una economía de mercado, Meta tiene derecho a recibir una compensación justa por los servicios innovadores y valiosos que los usuarios eligen utilizar, un principio clave para mantener la innovación y el crecimiento económico.»
