La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que responder todos los cuestionamientos referentes al software espía Pegasus.
En 2017, se informó que el gobierno mexicano compró el malware Pegasus a la empresa israelí NSO Group, para utilizarlo con el fin de espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y académicos.
Ahora, un juez ordenó a la PGR admitir las pruebas que se presentaron desde el escándalo sobre el ciberespionaje. Hasta ahora, se han entregado 70 evidencias, de las que se sólo se tiene en cuenta 9 y otras 49 fueron negadas por la autoridad.
«La negativa a desahogar dichas pruebas muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía», dijeron las organizaciones Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en un comunicado.
Las víctimas de Pegasus impugnaron la decisión hasta que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México obligara a que se siga la línea de investigación centrada en la adquisición del malware y su uso ilegal por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
De igual forma, los denunciantes mostraron su total inconformidad ante la decisión de la justicia mexicana por rechazar la solicitud de la PGR para reservar información importante dentro del caso. Las víctimas tienen el derecho a participar en la investigación y las autoridades denunciadas deben responder a las denuncias presentadas el año pasado, dijo el juez.
La resolución obliga a la PGR a pedir información a las instancias gubernamentales que tienen o tuvieron una vinculación con Pegasus, además de brindas más detalles sobre la contratación a NSO Group y sus implicados.
Las organizaciones afirmaron que la decisión tomada por el juez «es relevante pues demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a una Procuraduría que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad».
Sin embargo, destacaron la importancia sobre nombrar a un panel de expertos y expertas independientes para dar imparcialidad a la investigación que podría probar la implicación del Gobierno mexicano en el malware dedicado al espionaje.
