El gobierno mexicano espía a periodistas y civiles

Masterhacks – El gobierno de Enrique Peña Nieto espía a los defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que planean los mecanismos anti corrupción, mediante un sistema cibernético que sólo debería ser utilizado para combatir al crimen organizado, según reveló el diario The New York Times.

“Los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadounidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”, dice el artículo publicado en primera plana.

Este sistema de espionaje es conocido como Pegasus, se adquirió en 2011 por el gobierno mexicano a la empresa de Israel NSO Group, que aseguró haberlo vendido bajo la condición de no utilizarlo contra la población civil.

“El acuerdo explícito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas, a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”, dice el artículo de Azam Ahmed y Nicole Pelroth.

El espionaje del gobierno mexicano se basa en la activación del software Pegasus en smartphones.

“La compañía simplemente le cobra al gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650 mil dólares encima de otro cargo de 500 mil dólares por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO; revisadas por el The New York Times”, se lee en el mismo artículo.

Así mismo, The New York Times afirma que los espiados por el gobierno son: Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudó a escribir la legislación anticorrupción, la periodista Carmen Aristegui y su hijo, Emilio, Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el representante de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron en Iguala Guerrero en septiembre de 2014.

Además, el abogado Santiago Aguirre, representante de los familiares de los normalistas, la abogada estadounidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco, Estado de México, mismas que fueron víctimas de ataque sexual cuando estuvieron encarceladas, y el conductor del noticiero de la mañana de Televisa, Carlos Loret de Mola.

“El uso de un sofisticado arsenal cibernético contra ciudadanos es una pizca de la lucha del mismo México, lo que genera preguntas profundas éticas y legales al gobierno mexicano que ya enfrenta una crítica severa por su historial en derechos humanos”, dice el reportaje.

Se destaca que bajo las leyes mexicanas, solamente un juez federal puede autorizar el espionaje de comunicaciones privadas y solamente cuando las autoridades demuestren evidencias que sustenten el pedido al magistrado.

“Es altamente improbable que el gobierno recibiera la aprobación judicial para interceptar los teléfonos, de acuerdo a varios ex funcionarios de los sistemas de inteligencia del gobierno mexicano”, dice el diario estadounidense.

Las prácticas de espionaje del equipo cibernético israelita son muy sofisticadas, se tiene como ejemplo al hijo de Carmen Aristegui, quien recibió un mensaje en su teléfono que provenía de la embajada de Estados Unidos en México. “Ella recibió un mensaje supuestamente de parte de la embajada de Estados Unidos en México sobre un problema con su visa. Emular a un funcionario estadounidense es una posible violación de las leyes de Estados Unidos”, escribe The New York Times.

El diario afirma que Aristegui es víctima del espionaje debido a que ella y su equipo de noticias dieron a conocer el escándalo de la Casa Blanca, la mansión con un valor de alrededor de siete millones de dólares, en la Ciudad de México, presuntamente propiedad de la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente de México.

“Los escándalos han dejado una marca indeleble a la reputación del presidente. Después de tener una imagen elevada y perfectamente diseñada – un presidente joven, con mucha energía que trabajaba sin acotamientos partidistas y que representaba al nuevo México- el señor Peña Nieto fue de pronto identificado con una persona que vive fuera de la realidad, un político corrupto con niveles de aprobación abismalmente bajos”, concluye el diario.