De manera sorpresiva y luego de un mes de haber sido privado de la libertad, la juez décima de conocimiento de Bogotá determinó que el hacker Andrés Fernando Sepúlveda podrá estar en libertad mientras avanza su proceso. La decisión se dio luego de una apelación interpuesta por la defensa del señalado.
Según la funcionaria, se hace necesario decretar la nulidad de la imputación y por ende revocar la medida de aseguramiento impuesta el pasado 7 de mayo por el juez 49 penal municipal de control de garantías, porque la captura se dio por un anónimo y una confesión “no verificada”.
“No logró completar (la Fiscalía) el universo jurídico para atribuir a Andrés Fernando Sepúlveda la naturaleza de los mismos (delitos) en esta instancia procesal”, señaló la juez.
Para la juez, los elementos con los que se ordenó la privación de la libertad carecen de fortaleza. “Se ha vulnerado el ordenamiento jurídico en cuanto a ordenar esta medida privativa de la ley (…) La Fiscalía no contaba con los elementos necesarios para la imputación que hiciera, pues la misma se encontraba desestructurada e incompleta”.
Para la juez “las confesiones siempre han de revisarse con beneficio de inventario y no se le puede dar crédito a plenitud hasta tanto no se hayan verificado”.
De acuerdo a la determinación de la juez “es importante entregarle al juez de control de garantías elementos de juicio tendientes a acreditar la índole penal del comportamiento y la relación del imputado con el mismo”, es decir, demostrar la forma en que se dio el delito y la participación del investigado.
La funcionaria aseguró que la Fiscalía en el momento de la captura de Sepúlveda no tenía orden de aprehensión, pero que fue el propio hacker quien pidió ser escuchado y que luego de su declaración, se dio la detención.
“No se había emitido orden de captura pero durante el allanamiento al inmueble, cuando ya había hecho presencia un profesional del derecho, el doctor García manifestó su intención de ser escuchado en interrogatorio y acto seguido fue capturado en situación de flagrancia”, señaló la juez.
La juez recordó que Sepúlveda llegó a la Fiscalía luego de que una “fuente humana anónima señaló que se dedicaba a actividades ilegales y a monitorear información de las negociaciones en La Habana. Además de hacer seguimientos a los correos de Pacho Santos”.
La funcionaria también se refirió a que, según la información del ente investigador, desde la oficina de Sepúlveda en la calle 93 B en Bogotá se saboteaban “portales gubernamentales”. De igual forma, mencionó el allanamiento al apartamento del hacker.
Así mismo, aseguró que el informante le dijo a la Fiscalía que dentro de la oficina de espionaje Sepúlveda era el jefe y además mencionó a la esposa del hacker, de quien manifestó que es actriz y asesora. Indicó que desde dos cuentas de Twitter se publicaba la información “que se robaba” a través de las interceptaciones.
Durante los allanamientos, la Fiscalía le incautó abundante material de cómputo y documental que “confirmaron lo dicho por la fuente”. Lo extraído de esos computadores no se puede saber hasta tener su análisis, según ha dicho el ente investigador.
Según dijo la juez en la diligencia, Sepúlveda le contó a la Fiscalía que compró una base de datos de varios desmovilizados de la guerrilla, la cual le costó ocho millones de pesos a una persona que trabaja en el COA (dependencia adscrita al Ministerio de Defensa), de los cuales ha cancelado tres millones de pesos.
La Fiscalía le imputó al hacker los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso y espionaje.
Así las cosas, si la Fiscalía desea volver a vincular a Sepúlveda al proceso, deberá llamarlo nuevamente a una imputación ante un juez de control de garantías e iniciar el proceso desde cero.
Esta vez deberá tener en cuenta el material encontrado en lo elementos incautados durante los allanamientos a la oficina y la casa de Sepúlveda, puesto que esa fue una de las críticas por parte de la juez, al considerar que se imputaron cargos sin tener unas evidencias clara de la existencia de un delito y de la responsabilidad del hacker en los mismos.
Al finalizar la diligencia, tanto la Procuraduría como la defensa de Sepúlveda, solicitaron a la juez que se ordenara lo pertinente para preservar la seguridad del hacker, por lo que la juez dispuso que sea la Policía Metropolitana de Bogotá la que se encargue de evaluar dicha situación y tomar las determinaciones pertinentes.
Fuente: semana
