PRI plagia la iniciativa de la ley del Movimiento Nacional de Cibernautas en Chiapas
Aunque uno de sus objetivos es combatir el plagio cibernético, varios capítulos de la Ley de Agenda Digital para el Estado de Chiapas, presentada ayer al pleno del Congreso del Estado por el diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, fueron copiados de Internet por la organización priísta Movimiento Cibernauta Chiapas, que se adjudica la creación de la iniciativa.
En el oficio que Noé Castañón turnó a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen, transcribió el proyecto de ley del Movimiento Cibernauta de Chiapas, el cual consideró “viable”, pese a que su contenido está basado en páginas de Internet.
La iniciativa comienza con una Exposición de Motivos que puntualiza la importancia de contar con una agenda en esta materia “porque no se puede pasar desapercibido el futuro digital, para que se viva de manera efectiva la globalización”.
Posteriormente, presenta un Capítulo Único de Disposiciones Generales donde las definiciones de conceptos como “Cibertribunales”, “Gobierno Digital”, y “Delitos Informáticos” son idénticas a las que muestra el sitio wikijurídico.wikispaces.com, pero no cita las fuentes.
“Los cibertribunales son mediadores en los delitos derivados del uso de Internet (comercio electrónico, propiedad intelectual, protección de la vida privada, etc)”, dice tanto el proyecto de ley como la página virtual.
De los 14 conceptos que explica el Artículo Tercero de este Capítulo, al menos 10 pueden ser consultados en páginas como www.sities.google.com y en ensayos y artículos jurídicos presentados en blogs por licenciados en Derecho; incluso, algunos se exponen en el trabajo de un alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
A pesar de que lo anterior evidencia que la ley es un rompecabezas de paginas Web, en su Capítulo Único de Las Sanciones, Amonestaciones y Penalizaciones del Ciberespacio, propone una sanción de cuatro años de prisión o de 100 a 300 días de multa a quien sin autorización conozca, copie información o la utilice.
Cabe señalar que en su Artículo Tercero, esta iniciativa exhibe “para efectos de esta ley” varios conceptos como “Ruido Informático”, “Silencio Informático”, “Léxico Informático”, “Cibertribunales”, y “Gobernabilidad de las TLC”; sin embargo, en los siguientes capítulos no vuelven a ser referidos.
LOS ESPECIALISTAS
Los integrantes del Movimiento Cibernauta de Chiapas, “especialistas en redes sociales”, proponen en el Artículo 13 que el Estado será órgano rector y regulador de las conductas externas de los y las internautas en la sociedad de la información, y que estará facultado para imponer sanciones.
Cuestionada al respecto, Marisela Aguilar Gerardo, delegada nacional del Movimiento Cibernauta en Chiapas, organización ligada a la CNOP, negó que este precepto atente contra la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales y genere censura de parte del gobierno del estado.
Sin embargo, la “especialista” consideró que la red es demasiado “libre y suelta” por lo que es necesario ponerle candados para evitar problemas “como el robo de tarjetas de crédito a través de compras interbancarias, y el mal uso de datos personales”.
Aguilar apuntó que “de cualquier forma” el Estado tiene acceso a los datos personales de los ciudadanos, incluso “sabe qué hacen y qué no hacen porque siempre los están monitoreando”, por tanto, no debe ser motivo de alarma que esta ley lo faculte para acceder a la información que los usuarios intercambian por Internet.
El Estado actuará como un “policía cibernético” que regulará y verificará que los datos que ahí circulan sean reales, puntualizó la delegada nacional de esta organización, la cual –dijo- es adherente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
NO ES LO MISMO, PERO SE PARECE
Según Castañón, el Movimiento Cibernauta Chiapas está integrado por jóvenes “sin calor político” que no intentan censurar a los medios de comunicación como lo hizo el gobernador Javier Duarte en Veracruz, pero sí “regular el uso de las redes sociales e Internet”.
Defendió que esto es necesario porque existe el fenómeno del abuso sexual infantil, “en redes sociales como Facebook”, por ello la propuesta versa sobre dos puntos específicos: democratizar el acceso a Internet y evitar el “ciberbullying”.
Aseguró que “lo presentado por estos especialistas en redes sociales y acceso a Internet” fue turnado para su primera lectura a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Ciencia y Tecnología, donde 14 diputados deberán conocer y revisar su contenido antes de pasar la discusión al pleno.
Entre sus bondades, destacó que los ayuntamientos se comprometerían a brindar el servicio completamente gratuito en sus parques y centros comerciales, disminuyendo así la brecha digital.
Y aunque los “cibernautas” asumen sus simpatías con el PRI, el legislador negó que con esta iniciativa respondan a una agenda nacional de este partido para priorizar el control de contenidos en la red.
Incluso, ante la similitud de las sanciones que prevé con las propuestas en Veracruz, Castañón insistió en que no tienen “nada que ver”, aunque luego aceptó que se parecen “porque van sobre el mismo tema de regular el uso y acceso a redes sociales”.
Por ello, aseguró que para mejorar el contenido de la propuesta, consultó a comunicadores como Jacobo Elnecavé, cuya carrera está ligada a la presente administración gubernamental, pero invitó a que otros se sumen a la discusión: “Es una propuesta que viene de jóvenes sin calor político, no hay otra cosa, así que no le busquen por otro lado.”
DEBE ANALIZARSE, PIDE DIPUTADA
Por su parte, la diputada perredista Alejandra Soriano subió a tribuna y consideró que si el gobierno asume la rectoría de las conductas externas de los usuarios de Internet, como proponen los “cibernautas”, Chiapas será uno más de los gobiernos autoritarios.
En este sentido, recordó a quienes integran la actual legislatura que esta propuesta contraviene el Artículo Séptimo de nuestra Carta Magna, que declara inviolable la libertad de escribir y publicar artículos: “Ninguna ley o autoridad puede establecer censura ni exigir fianza”.
Alejandra Soriano también citó el Artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en su párrafo primero garantiza que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.
“No pueden establecerse restricciones al derecho de expresión por medios directos como controles oficiales”, advirtió.
Ante propuestas de cárcel hasta por ocho años y la imposición de multas de hasta 300 días de salario mínimo, pidió irse con cuidado en lo referente a la regulación de Internet, pues “parece necesaria, pero si no se analiza, podría usarse para reprimir y violentar las libertades.”
Fuente: Noticiasnet
