Muchos actores en el ámbito de las criptomonedas aún procesan el impacto de una decisión de un tribunal de apelaciones que determinó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se excedió al sancionar determinados contratos inteligentes relacionados con el mezclador de criptomonedas Tornado Cash.
El pasado 26 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito resolvió que la OFAC “sobrepasó los límites de su autoridad legal” al sancionar algunos contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash en 2022.
Aunque esta decisión no eliminó por completo la posibilidad de que el Departamento del Tesoro prosiga con su caso, los seis demandantes, con el respaldo de Coinbase, podrían influir en políticas futuras, previstas para 2025, que cambiarían cómo los tribunales tratan las direcciones vinculadas a mezcladores de criptomonedas.
Bill Hughes, asesor sénior y director de asuntos regulatorios globales en Consensys, explicó a Cointelegraph que la OFAC aún posee “amplia autoridad” para imponer sanciones a entidades asociadas con Tornado Cash. Según Hughes, el fallo del 26 de noviembre probablemente remita el caso a tribunales inferiores, donde los abogados podrán presentar nuevas mociones de juicio sumario, un proceso que podría extenderse por meses.
Con el inicio de una nueva administración bajo el liderazgo de Donald Trump en 2025, el Tesoro podría ajustar su régimen de sanciones para alinearse con el dictamen judicial o continuar apelando el caso.
“Considero que, bajo la administración de Trump, es más probable que este dictamen sea adoptado como parte de la política del Tesoro”, señaló Hughes, quien también destacó que es poco probable que Tornado Cash salga de la lista de sanciones antes de que Trump asuma la presidencia.
“Queda por verse qué tan estricta será la administración de Trump respecto a estos asuntos de seguridad nacional relacionados con las criptomonedas. Puedo imaginarme al Tesoro, bajo el liderazgo de Trump, aceptando el análisis del tribunal sobre los contratos inteligentes inmutables”, añadió Hughes.
En 2018, Trump comentó que él y el líder norcoreano Kim Jong Un “se enamoraron” tras conocerse en persona e intercambiar cartas, aunque no se refirió a cómo podría manejar las sanciones relacionadas con Corea del Norte durante su campaña presidencial de 2024.
Durante el mandato de Joe Biden, la OFAC incluyó en agosto de 2022 a 44 contratos inteligentes de Tornado Cash en su lista de Nacionales Especialmente Designados, alegando que el mezclador fue utilizado para lavar más de 7 mil millones de dólares en criptomonedas, incluyendo fondos robados por el Grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte.
A partir de enero, Trump asumirá el poder con una nueva dirección en el Tesoro y otras agencias gubernamentales. El 22 de noviembre, anunció su intención de nominar a Scott Bessent, uno de sus asesores financieros y donantes, como secretario del Tesoro.
En paralelo, en 2022, el grupo de defensa de las criptomonedas Coin Center presentó una demanda contra el Tesoro por el caso de Tornado Cash. Los argumentos legales en ambos casos comparten similitudes, con abogados alegando que ni el mezclador ni los contratos inteligentes relacionados deberían estar sujetos a sanciones.
Proceso judicial contra los desarrolladores de Tornado Cash
En 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra Roman Storm y Roman Semenov, cofundadores de Tornado Cash. Storm fue detenido y está programado para enfrentar un juicio en abril de 2025, cuando Trump ya esté en funciones. Mientras tanto, Semenov permanece en la lista de los más buscados por el FBI.
“Si tuviera que especular, diría que el juicio contra Storm seguirá adelante. Habrá un juicio, y si es absuelto, es probable que surjan llamados de la comunidad cripto para que Trump conmute su sentencia o lo indulte”, comentó Hughes.
En los Países Bajos, las autoridades sentenciaron a Alexey Pertsev, otro cofundador de Tornado Cash, a más de cinco años de prisión por lavado de dinero. Pertsev sigue bajo custodia mientras sus abogados trabajan en una apelación contra la condena y la sentencia.
